Entre ellos funcionarios públicos... que sorpresa!!

Desarticula PGR red de protección de Los Zetas

Cuitlahuac Salinas dijo que se ha identificado a 10 servidores y ex servidores públicos que colaboraban con la agrupación criminal: cuatro de ellos fueron aprehendidos, otros cuatro se encuentran arraigados y tres más son prófugos de la justicia.

Ciudad de México • La Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, integró una investigación para desarticular una red de protección a la organización delictiva de "Los Zetas", que operaba en Coahuila, en la que participaron funcionarios y ex funcionarios federales y estatales.
El titular de la SIEDO, Cuitlahuac Salinas, informó que se han realizado cateos en 11 domicilios (nueve en Saltillo y dos en Monterrey), inmuebles que fueron asegurados, y se ha identificado a 10 servidores y ex servidores públicos que colaboraban con la agrupación criminal: cuatro de ellos fueron aprehendidos y actualmente enfrentan los correspondientes procesos penales; otros cuatro se encuentran arraigados, y tres más, son considerados prófugos de la justicia.
Por Jorge Luis Valbuena Flores, Enrique González Nava y Humberto Torres Charles se ofrecen hasta tres millones de pesos por concepto de recompensa, a quien aporte datos útiles que permitan su localización y detención.
De igual manera, en cumplimiento al compromiso de llevar ante la Justicia Federal a toda aquella persona que se separe de la legalidad y que se beneficie de esas acciones, la PGR, se ofrece hasta dos millones de pesos como recompensa para la localización y aprehensión de Nehemías Cruz Hernández y José Daniel Martínez Vasconcelos.
Ambas personas se encuentran vinculadas con las actividades ilícitas de Esiquio Martínez Hernández, quien durante su desempeño como Secretario de Acuerdos del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, incrementó su patrimonio injustificadamente, en el periodo de 2003 a 2010, por más de 50 millones de los que no acreditó la legalidad, ni que fueran obtenidos con motivo de su empleo en el servicio público.